La globalización es la extensión y la consolidación del modo de producción capitalista, que no sólo es un modo de producción económico sino que es un modo de producción social, es decir, político, cultural, psíquico y hasta físico-corporal. Se globaliza la subordinación de las determinaciones sociales, humanas y naturales al ciclo de producción y reproducción del Capital. Se universaliza la forma de mercancía y se reduce la política a la creación de las condiciones materiales y culturales que posibiliten el beneficio del capital.

La globalización no es toda una. Está regida por la competencia entre capitales, uno de cuyos aspectos, hoy, es la existencia de tres bloques regionales liderados por EEUU, Japón y la Unión Europea. EEUU, principal impulsor y beneficiario de la globalización económica, mantiene una relación contradictoria con los otros dos bloques. Pero este hecho no debe llevarse al extremo de apoyar nuestro capitalismo regional, la U.E., cuya máxima expresión es la moneda única, como forma de oposición a la hegemonía USA.

Las políticas monetarias que han posibilitado la moneda única, el euro, comparten todos los rasgos de la globalización capitalista descritos más arriba.

La diferencia entre EEUU y la U.E., radica en el entorno político-social al que debe adaptarse. No hay posibilidad de universalizar la forma mercancía en Europa sin debilitar la protección social y la capacidad negociadora de las organizaciones de izquierda. La globalización capitalista en nuestro entorno sociopolítico, consiste en impulsar el proceso de precarización, privatizaciones y desregulación, modulando los ritmos para garantizar su continuidad. La izquierda mayoritaria cumple el papel de ralentizar y al tiempo, legitimar este proceso. En esa acción, ella misma se legitima frente al poder económico y se deslegitima frente a las capas populares.

Las condiciones económicas que posibilitaron 25 años de capitalismo con rostro humano en Europa finalizaron a mediados de los setenta. La acción combinada del aumento del precio del petróleo, la mejora de las condiciones laborales y el aumento de la composición orgánica del capital, en un entorno de creciente apertura de las economías y de aumento de la competitividad, desequilibraron un modelo de acumulación basado en la centralidad de la demanda.

A partir de aquí, se inició una lenta y progresiva evolución de las estrategias del capital europeo en base a la aplicación de nuevas tecnologías al proceso económico que posibilitaron, a su vez, la descentralización y deslocalización productiva, el aumento del paro y la desregulación laboral. Paralelamente, el creciente déficit público dio argumentos a los enemigos de la intervención del estado en el ciclo económico, para impulsar procesos de privatización de empresas y servicios públicos, así como para remover las condiciones para la protección al desempleo.

Estos procesos, de diferente configuración, ritmos e intensidad, según las tradiciones y resistencias en cada país, junto con los cambios en los procesos organizativos y productivos, propiciaron una creciente segmentación y apertura de diferencias en el interior de la clase obrera. La pérdida de la fuerza propia de los sindicatos es isomorfa a esta dinámica.

En la economía de demanda, propia del estado de bienestar, son funcionales todas aquellas medidas que favorecen el círculo virtuoso entre crecimiento de los salarios, de la producción y de la productividad, en un contexto de inflación moderada y equilibrio en las finanzas públicas. El pleno empleo es, en este paradigma económico, la condición para el pleno despliegue de las fuerzas productivas y la máxima producción de plusvalor.

Al quebrarse este modelo, se produjo un cambio de paradigma. En la economía de oferta, el buen funcionamiento del ciclo económico exige como condición la competitividad, producir mas y mejor con menor coste que los competidores. Quien impide que los salarios varíen acorde con las exigencias del mercado, se opone a la competitividad y dificulta las expectativas del beneficio del capital que, consecuentemente, reducirá o eliminará sus inversiones y con ello, se reducirán ó eliminarán los puestos de trabajo.

La izquierda mayoritaria europea, incluido el sindicalismo, había abrazado la teoría liberal de Keynes, es decir la teoría que teorizaba el funcionamiento del capitalismo en un entorno de crecimiento económico sostenido y pleno empleo.

Una vez perdidas las condiciones materiales que posibilitaban el pacto social, para defender los derechos sociales era necesario impedir el avance de la nueva lógica económica con sus secuelas de despidos, eventualidad, crecimiento del paro, desprotección social y privatizaciones. Eso exigía fuerza. Pero la mayoría de la clase obrera, pastoreada electoralmente por la izquierda social-demócrata, se había acomodado a una forma de trabajo y de consumo que desconsideraba los efectos medioambientales y la explotación y esquilmación de los países pobres, en los que dicha forma de vida se basaba. El verdadero activo de la izquierda mayoritaria europea al llegar la crisis de mediados de los setenta, no era una subjetividad crítica al capitalismo en la población asalariada, sino su integración plena en la lógica del capital mediante el consumismo irracional y la democracia contemplativa. La quiebra del empleo y el consumo como forma de pertenencia social para millones de personas, al no expresarse políticamente por la izquierda, han generado el descompromiso, el individualismo y la lucha entre los de abajo en pro de los puestos de trabajo escasos.

El capital europeo adquirió un rostro humano durante veinticinco años (para la mayoría de la población europea), no sólo por las oportunidades de inmensa reconstrucción y modernización económica que se dieron en la posguerra mundial, sino también por el poder constituyente de las revoluciones obreras europeas, una de las cuales triunfó en la Unión Soviética, dando paso a un sistema de bienestar social al margen del mercado capitalista. No se puede hablar, por tanto, de estado de bienestar sin tener en cuenta las condiciones políticas y económicas que lo hicieron posible.

Durante 25 años la construcción cultural de la clase obrera por parte de la izquierda europea, había consistido en fomentar la emulación de todos los valores de la burguesía, incluida la participación en el botín proveniente del saqueo de los países pobres, manteniendo una retórica mas o menos anticapitalista y solidaria con la humanidad doliente. Esto situaba el problema de la fuerza social y moral de la izquierda en el terreno del consentimiento de los poderes fácticos.

Mas allá de las inevitables luchas y resistencias locales o sectoriales, según la mayor o menor presencia de militantes radicales, la nueva lógica económica basada en precarizar y privatizar, se impuso y con ella, la teoría que la teorizaba, el neoliberalismo. El prefijo neo, rompe con la promesa liberal de bienestar desde el crecimiento económico. Convierte el crecimiento en un fin autorreferente, emancipado del empleo, del bienestar, la naturaleza y la democracia. La globalización económica y la moneda única son buenas, no porque integren a toda la población, sino porque son la expresión de la máxima eficiencia económica. Las crisis sólo son la prueba de que la sociedad no se ha puesto totalmente de rodillas ante los dictados de la economía. Por eso, para superar dichas crisis, es necesario aumentar la fuerza de la política económica que las produce. Las resistencias sociales ante los efectos de desigualdad, pobreza, hambre y violencia que genera la economía (identificada con la democracia), son muestras de comportamientos irracionales, antidemocráticos y desde el 11-S-01, directa o potencialmente terroristas.

La inanidad de la izquierda mayoritaria, en perpetua retroalimentación con la impotencia y la expropiación del poder colectivo de la clase obrera, solo podía, desde dentro de esa lógica, adaptarse a las nuevas formas del capitalismo en Europa, es decir, modernizarse. Durante veinticinco años de estado de bienestar en Europa, los sindicatos disciplinaban a cada empresario, interesado en que todos los empresarios, menos él, pagaran buenos salarios para que la economía prosperase y el pudiera vender bien sus productos. Ahora, los sindicatos disciplinan a los obreros para que acepten los sacrificios (minorados, eso sí, por su mediación negociadora), que la competitividad exige en una economía global.

Con el Acta Única Europea de 1.986, se hace visible la lógica que gobierna el proceso de construcción europea: la creación de un Mercado Único. Un Mercado Único necesita una moneda única. Esa nueva etapa se consagra con el Tratado de Maastricht de 1.992. que persigue una unidad europea que ya no es política, cultural, social, ni siquiera económica, sino exclusivamente monetaria.

El euro unifica el lenguaje en el que se expresan las relaciones sociales capitalistas, el dinero. Las distintas monedas de los países capitalistas europeos, mantenían la capacidad de variar sus proporciones relativas mediante depreciaciones, distintos índices de subida de precios y distintos tipos de interés. El proceso constituyente del capital europeo, exigía acabar con las distorsiones debidas a las diferentes monedas y la estabilidad de los precios, incluido en primer lugar el precio del dinero.

El primer agente económico a disciplinar por la economía neoliberal es el estado, que maneja a través de los P.G.E. el 40% de la producción total de riqueza en un ejercicio. El Tratado de Maastricht, limitó la capacidad del estado para intervenir en el ciclo económico, al establecer que el déficit público, es decir la diferencia entre sus gastos y sus ingresos, no podía superar el 3% del P.I.B. y que la deuda pública (suma de los déficits históricos) no podía exceder del 60% del P.I.B.

En un contexto de protagonismo social del beneficio de las empresas, financiar el déficit subiendo los impuestos de forma progresiva, o bien acabando con el fraude fiscal de los ricos, no es "políticamente" posible porque ahuyentaría a los dueños del dinero. Por lo tanto, la única vía para reducir el déficit del estado es reducir los gastos, aunque eso suponga abandonar a su suerte a los millones de perjudicados por un mercado de trabajo controlado por los empresarios, la imposibilidad de acceso de l@s jóvenes a una vivienda y la necesidad de una supuesta optimización de las empresas y servicios públicos, a través de las privatizaciones en sus diferentes formas e intensidades.

El Tratado de Amsterdam de 1.997 incorporó, con el Pacto de Estabilidad, el compromiso de la estabilidad presupuestaria, independientemente de las necesidades sociales que tuviera cada país, bajo la amenaza de cuantiosas multas a los que incumplieran dicha norma.

Los programas electorales de la izquierda cuando está en la oposición, demostrando sobre el papel que otra política económica es posible, contrastan con su entusiasta apoyo al proceso de unidad monetaria europea y la implacable ejecución de las políticas de flexibilización, privatización y represión de la protesta social, cuando está en el gobierno.

Bajo gobiernos socialdemócratas, los períodos de depresión económica y el desmontaje de la protección social, han generado el estado de necesidad que obliga a millones de personas a aceptar "libremente" condiciones de trabajo por debajo de las leyes. El consentimiento del fraude de ley generalizado en el mercado de trabajo y de la violación sistemática de las normas laborales para con los sectores precarizados, jóvenes, inmigrantes y mujeres, por parte de los empresarios constituyen la condición para que éstas políticas funcionen. Las reformas laborales, impulsadas desde el gobierno, tanto por la socialdemocracia como por la derecha, han ido convirtiendo en legal lo que ya era moneda corriente en la realidad.

En los períodos de crecimiento económico, los nuevos contingentes laborales entran en el mercado de trabajo bajo condiciones, ya precarizadas, que son constantemente presionadas hacia abajo, en franco y abierto desafío al estado de derecho, reprimiendo a quienes pretenden ejercitar los derechos fundamentales de expresión, reunión ó sindicación. La alarma social, el miedo de masas y la inseguridad que este estado de cosas produce, se naturalizan al mirar la izquierda hacia otro lado, colaborando con ello a la profundización de las diferencias entre los estables y los precarios.

La buena salud de la economía se traduce en una explosión de contratos laborales. En un solo mes se producen más de un millón de contratos. El manejo de estas cifras hace pensar en acabar con el paro en dos meses y medio. Sin embargo, la realidad es distinta. En manos de las ETT's, proliferan los contratos por días, de lunes a viernes, evitando el fin de semana para no tener que abonarlo prorrateado. La ilegalidad de esta ingeniería laboral, al ignorar la causalidad de los contratos temporales, es masiva. El fraude de ley es generalizado respecto a las condiciones establecidas para la intermediación de las ETTs y respecto a las condiciones laborales de los trabajadores que manejan. El estado de necesidad de los contingentes de precarios que se avienen "voluntariamente" a aceptar condiciones por debajo de lo legal, la connivencia de la Inspección de Trabajo y de otras instituciones del estado, tan celosos para que la Ley se cumpla en otros aspectos, explican esta vulneración masiva y estructural de los Derechos Sociales.

Los compromisos que voluntariamente han adquirido con la moneda única, tanto el P.P. (Partido Popular) como el P.S.O.E. (Partido Socialista Obrero Español), impiden acometer las reformas necesarias para que la gente tenga un empleo, una sanidad y una jubilación aseguradas. Una política de gasto público que creara puestos de trabajo dignos, que pagara un subsidio a quien no se le proporcionase un empleo, o que aumentara las pensiones mínimas al nivel del salario mínimo interprofesional, ocasionaría un gasto adicional del Estado de varios billones de pesetas. A los empresarios no se les puede tocar porque se desaniman y se van con su dinero (producido por tod@s) a un paraíso fiscal o a una inversión más rentable en otro país. Por lo tanto no se puede financiar ese gasto social aumentando la progresividad de los impuestos, ni tampoco obligándoles a cumplir con sus obligaciones tributarias y acabando con el fraude. Eso quiere decir que un mayor gasto originaria un mayor déficit, lo cual es imposible porque incumpliría el límite impuesto por Maastricht y por el Tratado de Amsterdam para el déficit público de los países euro. El gobierno fue libre de entrar en esa disciplina monetaria, pero no parece ser libre de salir aunque las consecuencias sean un paro descomunal, una precariedad mayor aún y un crecimiento de la desigualdad y la exclusión. Siempre queda el consuelo de que la precariedad activa sectores económicos como el policial, militar, judicial y carcelario. En la comunidad de Madrid hace quince años había dos cárceles. Ahora hay ocho. La falta de puestos de trabajo normales estimula la creación de muchos puestos de trabajo armados y la proliferación de esos depósitos del dolor de los pobres que son las cárceles.

Desde hace veinte años, el paro no baja de dos millones de personas. En este periodo ha habido varios ciclos económicos. Dos ciclos expansivos 1.986-1.989 y 1.994-2.000, con un ciclo recesivo 1.992-1.993 y otro que se anuncia actualmente. Pues bien, la seguridad en el empleo y la mejora de las prestaciones sociales, no ha podido ni intentarse. En el ciclo recesivo era imposible y en los ciclos expansivos no íbamos a arruinarlos pidiendo la luna.

Dicho de otra manera, la Constitución Española marca un mandato de mantener el Estado de Bienestar y desarrollarlo en un sentido de igualdad. Nada más lejos de. las políticas económicas de los gobiernos de los últimos 20 años que, con matices, han contraído compromisos internacionales que limitan este mandato. Han desregulado el mercado de trabajo, permitiendo el libertinaje más absoluto de los empresarios, la generalización del estado de necesidad en millones de trabajador@s, y abandonado a las leyes del mercado el cumplimiento de derechos sociales, cuya tutela está asignada constitucionalmente a los poderes públicos. Ni la izquierda política ni la izquierda social hemos sido, hasta ahora, capaces de impedir que la lógica del capital colonice la economía, la política y las conciencias. Es hora de reaccionar.

A pesar de la criminalización mediática y la presión policial, de la manipulación y el divisionismo a que nos somete la recién llegada izquierda mayoritaria, y de nuestras numerosas patologías, el movimiento contra la globalización capitalista no para de crecer.

En diciembre de 1.999, Seattle inaugura la etapa de "miles de militantes contra las cumbres del capitalismo", haciendo visible un movimiento que, a pesar de la feroz represión, se despliega en Washington (abril 2.000), Praga (septiembre 2.000) y Barcelona (junio 2.001). Un mes después, Génova expresa trágicamente el escaso margen que los regímenes parlamentarios de mercado conceden a la democracia participativa y la libre expresión del desacuerdo. El mensaje de muerte, violencia y torturas es un aviso a navegantes que conmueve la inmensa esperanza que millones de personas de todo el mundo habían puesto en el nuevo movimiento.

En enero de 2002, la segunda edición del Foro Social Mundial de Porto Alegre, extensísima y contradictoria pluralidad de identidades, nos transmite, a través de quienes se erigen en sus representantes, una alternativa salvadora: "menos protestas y más propuestas", no "anti", sino "por otra globalización".

Como Porto Alegre es lodo, también es nada. En esa nada se sustenta la operación semántico-política de quien, frente a tanta dispersión, cuenta con un objetivo político electoral y con medios para articularlo. La resultante de Porto Alegre, administrada por la socialdemocracia desde sus diversas máscaras políticas, sindicales y mediáticas, consiste en vampirizar la fuerza de los millones de damnificados por la globalización, para consolidar o recuperar sus posiciones institucionales, desde las que seguir impulsando la globalización. La forma política de esta operación se llama: "Foro Social". Ahora todo está más claro.

Con la presidencia española de la UE, se han ido produciendo foros alternativos y movilizaciones contra las distintas Cumbres Europeas de Ministros de Ramo (Empleo y Asuntos Sociales en Burgos en enero, Justicia e Interior en Santiago y Asuntos Exteriores en Cáceres, en febrero). Los días 15 y 16 de marzo, en Barcelona, se reunía el Consejo Europeo (órgano de dirección política de la U.E., compuesto por los jefes de estado o de gobierno de los Quince, más los presidentes del Parlamento y la Comisión Europea). Según se aproximaban estas fechas el ambiente se hacía más asfixiante; medidas judiciales implementando "juicios rápidos" para los antiglobalización, presión desde los medios atemorizando a la población con la previsible violencia de las manifestaciones, supresión de la libre circulación de personas a través de las fronteras españolas, dispositivo policial y militar abrumador, ataques del gobierno del P.P. al P.S.C. por desfilar con "terroristas" -dado que uno de los tres bloques de la manifestación estaba integrado por organizaciones nacionalistas, entre las que se encontraba Batasuna-, declaraciones del Foro Social de Barcelona haciendo profesión de fe pacifica y democrática frente a la previsible violencia de los Antiglobalización integrados en los otros dos cortejos.

A pesar de este panorama, Barcelona ha sido, una vez más, el orgullo y la esperanza de la lucha anticapitalista en el Estado Español. Seis días de marzo han estremecido la ciudad: huelga de enseñanza media el 7, movilizaciones feministas el 8, macromanifestación contra el Plan Hidrológico Nacional el 10, manifestación sindical el 14, múltiples acciones descentralizadas y foro alternativo el 15 y, finalmente, quinientas mil personas CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA, con macroconcierto después, el 16.

Después de esta fiesta de democracia popular, de dignidad y madurez del movimiento antiglobalización catalán, hemos pasado de movimiento de militantes a movimiento social, produciendo la mayor movilización anticapitalista del continente y poniendo de manifiesto el fin del monopolio de la izquierda cómplice en las convocatorias de masas.

Los abusos del capital global, el avance de la precariedad, la violencia y el envilecimiento, la osadía de la extrema derecha que nos gobierna y las miserables rutinas de la izquierda mayoritaria, generan un formidable conflicto potencial sin forma política que lo exprese. Cuando muchos colectivos, organizaciones y redes territoriales cooperan en lugar de competir, la diversidad se torna potencia. En Barcelona, centenares de activistas antiglobalización con actividad social verdadera, han llevado la convocatoria a millares de militantes locales o sectoriales que no están en las asambleas antiglobalización. Estos han trasladado con su propia y corpórea credibilidad el llamamiento a amplísimos sectores sociales, objeto de su actividad militante cotidiana.

Un inteligente uso de los medios de comunicación y algunas docenas de personas con experiencia, que han trabajado sin reservas para el todo y no sólo para su propia organización, explican el chispazo creativo entre el conjunto de la .sociedad humillada y su parte mas generosa y ética.

La Cumbre de Barcelona, la de ellos, demostrando su desprecio a la voluntad popular, ha programado más flexibilidad, desprotección social y miseria moral, sin las cuales el euro no es viable. Nuestro gobierno, prisionero de su propio extremismo, ya nos ha puesto sobre la mesa nuevas violaciones a la libertad de asociación política y a las garantías jurídicas y los derechos económicos de l@s parad@s. La izquierda globalizadora, tras haber firmado cosas parecidas con el gobierno, convoca una huelga general para montarse en la ola que aparenta no haber visto, porque no estaba bajo su control.

La Huelga General del 20 de Junio de 2002 ha sido secundada por la mayoría de las personas trabajadoras que "podían" secundarla. El gobierno mira hacia otro lado. Es necesario continuar. Las movilizaciones generales, a condición de estimular la actividad, la resistencia local, pueden llegar a crear las condiciones para que un gran movimiento popular, unificado en el Movimiento contra la Globalización y la Guerra, abran procesos de democracia participativa y justicia social. La resistencia global será local o no será.

CAES (Centro Asesoría y Estudios Sociales)